Categoría: Opinión

  • VOLVER CON LA FRENTE EN ALTO Y NO MARCHITA. Ariel Montoya

    VOLVER CON LA FRENTE EN ALTO Y NO MARCHITA. Ariel Montoya

    «Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada». Carlos Gardel, el argentino más grande en la historia del tango, lo cantó en 1934, con letra de Alfredo Le Pera. Ahora nosotros estamos viviendo nuestro “volver”, pues estamos fuera de nuestro país contra nuestra voluntad y a causa de un régimen que no respeta los derechos humanos, cívicos ni políticos de la disidencia.

    Hace unos días vi la entrevista que Álvaro Navarro, del medio nicaragüense Artículo 66, le hizo a Harry Valle, un abogado de Matagalpa. Según tengo entendido, este ha expresado públicamente su deseo de volver a su pueblo, a su casa, a sus calles, a comerse un plato de gallo pinto con cuajada y tortilla, acompañado de un pocillo de café o un vaso de pinol.

    Todos queremos volver. Pero también queremos que haya alternancia. En 2027 se cumplirán veinte años del régimen actual. ¡Claro que veinte años es mucho!

    No conozco personalmente a Harry Valle y, aunque señalan que fue miembro o simpatizante del régimen, ese no es el motivo de esta columna. Ni me interesa saberlo ni lo estoy cuestionando. A fin de cuentas, para tirios y troyanos la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido letal y salvaje.

    Entiendo que el mismo régimen lo acusó, giró una orden de captura en su contra y le cerró la frontera por supuestos ciberdelitos. Ahora él, desde el exilio, dice lo que tantos decimos: «Quiero volver». No es una frase política, sino humana. Otros, aunque no lo digan, llevan en el alma y en sus entrañas ese mismo deseo. Su posición me hizo reflexionar desde mis propios huesos y médula, porque yo también quiero volver.

    Y volver no es tomar un avión o un bus. Es enfrentarse a la vieja calle, donde el eco repite una canción de amor, fuga, familia, amigos y pérdida. Es el temor de que el pasado vuelva a cruzarse con la propia vida.

    La entrevista de Álvaro Navarro —él mismo despojado de su nacionalidad por pensar distinto y condenado a la muerte civil junto con otros 93 nicaragüenses— se convierte en un espejo. Entrevistado y entrevistador evocaron el mismo verbo: volver.
    Gardel cantó el regreso con la frente marchita. Nosotros no podemos permitirnos que el exilio nos marchite.

    El exilio nicaragüense nos ha plateado la sien, sí, pero también nos ha limpiado la mirada. Hemos visto cómo hasta los leales se vuelven desechables y cómo la justicia se enciende y se apaga según convenga.

    Y no es solo Nicaragua. También lo reconocen quienes salieron de Cuba y de otros países de Latinoamérica por la persecución y la falta de libertad impuesta por regímenes castrochavistas.

    Volver marchitos sería volver pidiendo permiso. Volver con rencor sería repetir el ciclo de la intransigencia. No. Se trata de volver con la frente en alto, porque nadie puede arrebatarle la nacionalidad a un ciudadano ni volverlo forastero por venganza y despotismo.

    Volver no porque veinte años no sean nada, sino porque veinte años lo son todo. Son una vida: la que les han quitado a quienes viven fuera y la que les quitaron a quienes se quedaron adentro. Soterrados y silenciados.

    Volver con la frente en alto significa volver a una Nicaragua donde el abogado de Matagalpa pueda defender a quien quiera sin que un fiscal lo persiga; donde el periodista pueda informar sin ser desnacionalizado; donde la diáspora pueda regresar sin que la reciba la misma prisión en la que torturaron a muchos.

    Y significa también aspirar a una América Latina donde ningún exiliado tenga que renunciar a su identidad para sobrevivir; donde cubanos, nicaragüenses y otros pueblos separados de su tierra puedan imaginar un regreso con derechos, igualdad de oportunidades y dignidad.

    Regresar, y hacerlo con un proyecto de República, con memoria, pero sin venganza. Con justicia, pero sin destierro. Y lo más importante, sin pedirle permiso a nadie, menos aún a quienes desnacionalizaron y obligaron a emigrar.

    Porque volver, al final, no es regresar a un lugar, sino regresar a la identidad que marcó el punto de partida y a la Nicaragua libre, hermosa y valiente que pronto habrá de ser de todos: con la frente en alto y no marchita.

    El autor es escritor y periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional y Vocero en el Exterior del Partido Liberal Independiente (PLI).

  • «Cajón de Sastre» La peligrosa connivencia y complicidad del PSOE y la USFP. Por José Luis Ortiz Güell.

    «Cajón de Sastre» La peligrosa connivencia y complicidad del PSOE y la USFP. Por José Luis Ortiz Güell.

    La relación entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) de Marruecos trasciende la mera cooperación entre partidos hermanos. Se trata de una alianza estratégica de una peligrosa complicidad y connivencia.

    Si bien los vínculos entre ambas formaciones se remontan a los años de la transición democrática española, cuando la USFP, liderada entonces por Abderrahmane Youssoufi, comenzó a tejer lazos con el PSOE de Felipe González. Ambos partidos compartían no solo su pertenencia a la Internacional Socialista, sino también una visión común sobre la necesidad de modernizar sus respectivas sociedades y consolidar instituciones democráticas. Algo que en ese momento no fue beneficioso sino productiva. Algo que se pudo mantener en esa línea  hasta 1998 años en los que gobierno marroquí en 1998, con Youssoufi como primer ministro, estrechó aún más unos lazos que ya eran sólidos.

    El problema se agrava y complica  cuando Pedro Sánchez  como presidente de la Internacional  Socialista, desde  2022, en la que gracias a Pedro Sánchez le dió  una de las vicepresidencias de la organización.

    La celebración del Consejo de la Internacional Socialista en Rabat en diciembre de 2024, presidido por Sánchez y con la USFP como anfitriona, fue la puesta de largo de esta “peligrosa” y “cómplice”  alianza que ahora  sufrimos con perplejidad. .

    Más allá de los foros internacionales, la cooperación entre el PSOE y la USFP se ha materializado en un diálogo político permanente. El PSOE ha participado activamente en los congresos de la USFP, y sus responsables de Relaciones Internacionales han mantenido reuniones periódicas con la dirección marroquí, mostrándose su “total” y  “firme”  compromiso.

    Materialización de ello  es su claro y decidido respaldado la posición marroquí en el conflicto del Sáhara Occidental, un giro histórico que se formalizó en 2022 con el respaldo de Sánchez al plan de autonomía marroquí.

    Una segunda materialización  fue  el beneficio  a más de 800.000  personas de Marruecos  para  su integración en la sociedad de España.

    Personas cercana  al entorno de la USPF han llegado a afirmar : “ El Partido Socialista  no se va a pronunciar porque quiere complacer a Marruecos”, al que no ha sido desmentido por socialistas en España, hasta el momento.

    Quizás ahora podamos comprender la actitud que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez con lo que esta ocurriendo en Ceuta y Melilla.

    La entrada de su flota militar en aguas territoriales, dos veces ,  en poco tiempo y  el Gobierno de España no se inmuta. Lo más grave no ha llegado hasta ahora y eso si que es preocupante.

    Lo más grave es lo que llega a afirmar la diputada socialista y que  para los que no la hayan visto lo puedan valorar. ¿ Entonces estamos dudando  que presumiblemente  Pedro Sánchez  es un complice para vender España a Marruecos? ¿Acoso no tendría que ser un diputado más del partido socialista de Marruecos en vez del puesto que ocupa  en estos momentos?  ¿Acaso Pedro Sánchez  no es consciente  que está siendo cómplice  de la vulnerabilidad  de los  derechos humanos y la libertad de prensa?

    Dígamme si esto no es grave, si tenemos en cuenta la complicidad que hasta ahora hemos demostrado y comprobado don datos reales.

    Enlace del video de la diputada socialista de Marruecos:

  • Nicaragua no es propiedad de una familia, Nicaragua no tiene dueños. Por: Alexis de Tocqueville

    Nicaragua no es propiedad de una familia, Nicaragua no tiene dueños. Por: Alexis de Tocqueville

    El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega hizo una de las declaraciones más graves de la historia política contemporánea de Nicaragua: anunció que no volvería a haber elecciones en el país. No fue una improvisación o desliz, fue la expresión pública de su pretensión política: cerrar definitivamente el camino de la alternancia democrática y convertir el poder en un privilegio exclusivo familiar.

    No demostró fortaleza, sino que reveló el temor a someterse al veredicto libre del pueblo.

    Ningún gobernante tiene autoridad para abolir el derecho de elegir y ser elegidos, el sufragio no es una concesión del poder, sino un derecho fundamental e irrenunciable de la soberanía popular.

    Daniel Ortega y Rosario Murillo no recibieron en noviembre de 2021 un mandato democrático para transformar el Estado, modificar las reglas de sucesión presidencial o permanencia en el poder.

    El Parlamento Europeo documentó en esas elecciones del 2021, la cantidad de 285 actos de violencia política y coacción electoral, presiones a empleados públicos, estudiantes, entre otros, existieron denuncias de manipulación de actas, votaciones múltiples y alteración de resultados.

    La OEA concluyó que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y carecían de legitimidad democrática y estuvieron precedidas por el encarcelamiento de aspirantes presidenciales, cancelación de organizaciones opositoras y la persecución sistemática de dirigentes políticos que existe a la fecha.

    La comparación con la dictadura somocista resulta inevitable, ese régimen recurrió al fraude y al control electoral, pero en el 2021 se llegó al extremo de eliminar toda posibilidad de competencia política real y que representa una manipulación electoral más grave que los procesos electorales del somocismo.

    La reforma constitucional de febrero de 2025 no fue una modificación ordinaria. Transformó sustancialmente la organización republicana del Estado: modificó 148 artículos y se derogaron 37, alteró el preámbulo, eliminó la independencia de los poderes, estableció la  copresidencia y amplió el período presidencial.

    El problema jurídico es fundamental.

    El artículo 193 de la Constitución reformada establecía que una reforma total requería convocar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, que facultada realizar reformas constitucionales totales. El Grupo de Expertos de Naciones Unidas cuestionó que una transformación de esa magnitud pudiera tramitarse legítimamente como reforma parcial.

    De allí surge una tesis constitucional: las reformas del 2025 presentan un vicio de inconstitucionalidad de origen, por haberse empleado un procedimiento que no correspondía a la naturaleza de las modificaciones realizadas. Consecuentemente, la validez de todo lo actuado en esas reformas son inconstitucionales.

    Por consiguiente, el período original establecido en la Constitución con la cual se eligieron en el 2021 concluye el 10 de enero de 2027. La modificación posterior a ese vencimiento, mediante reformas constitucionales son ilegales y no resuelve el problema de la legitimidad de las reformas.

    La comunidad internacional debe enfocarse en la inconstitucionalidad y evitar el uso protocolario de la denominación de copresidentes para que no sea interpretado como reconocimiento automático de legitimidad constitucional.

    Una Constitución no es propiedad de quienes gobiernan. Es precisamente el instrumento destinado a limitar su poder.

    La reacción de la comunidad internacional desde el 19 de julio fue con fuerza.

    El 21 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazó el anuncio de Ortega y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes.

    El 25 de julio, la Unión Europea exigió elecciones transparentes, inclusivas y creíbles, además de la liberación de los presos políticos y el restablecimiento del Estado de derecho.

    15 de septiembre el Comité de Asuntos Exteriores del congreso de EEUU cuestionó a Ana Quintana-Lovett subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, sobre los planes de la Administración Trump en relación con el régimen de Nicaragua.

    Estados Unidos promovió acciones diplomáticas en la OEA y la ONU el 22 de septiembre.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó expresamente la pretensión de eliminar las elecciones.

    El 2 de octubre, cancilleres de las Américas se reunieron en la OEA para examinar la crisis nicaragüense y establecer mecanismos de seguimiento diplomático.

    El 9 de octubre, la Unión Europea prorrogó por un año sus medidas restrictivas contra personas y entidades vinculadas a la situación de Nicaragua.

    Más recientemente, el 16 de octubre, Marco Rubio informó personalmente su reunión con Elias Baumann, encargado de negocios estadounidense en Managua.

    La comunidad internacional no normalizó esas declaraciones y reconoce la gravedad de la crisis y el peligro no solo para Nicaragua, sino, para el hemisferio y si un cáncer no es extirpa a tiempo, llega a matar todo, por consiguiente, corresponde mantener una respuesta diplomática coherente y sostenida.

    Nicaragua no tiene dueños

    Se necesita una salida pacífica, constitucional y democrática: liberación de los presos políticos, restitución de derechos ciudadanos, retorno seguro de los exiliados, independencia institucional, pluralismo político y elecciones libres, competitivas y observadas internacionalmente.

    Existe una diferencia entre dictadura y tiranía. La dictadura concentra el poder; la tiranía pretende apropiarse de la Nación, castigar toda disidencia y decidir quién merece ser reconocido como ciudadano.

    Ortega y Murillo pueden modificar leyes, controlar instituciones, perseguir opositores y pretender prolongar indefinidamente su permanencia en el poder, pero hay algo que ninguna reforma constitucional puede legítimamente concederles: la propiedad de Nicaragua.

    La soberanía nacional no pertenece a una familia, una nación no se hereda como patrimonio y la voluntad soberana no se confisca mediante decretos.

    Las urnas podrán ser prohibidas temporalmente, pero la soberanía del pueblo nicaragüense jamás podrá ser legítimamente abolida.

  • Almagro pide a los países democráticos acusar a Ortega-Murillo

    Tribuna personal

    Ariel Montoya

    El autor es escritor nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional y Director fundador de la revista Decenio (segunda época)

    Luis Almagro ha puesto sobre la mesa una exigencia que merece atención inmediata: impulsar una acusación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y las cúpulas de su régimen por graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

    Su intervención en el Foro 2000, en Praga, coloca la responsabilidad penal individual en el centro de la discusión internacional. El exsecretario general de la OEA consideró “absolutamente imprescindible” promover esas acciones y cuestionó que aún no exista una acusación de esa naturaleza en Estados Unidos ni en otros países democráticos.

    El momento no es casual.

    En esta escalada contra el régimen, Estados Unidos retiró esta semana a su encargado de negocios en Managua, Elías Baumann. La situación recuerda el preludio de 1979: meses antes de la salida de Anastasio Somoza, Washington cortó relaciones con Managua y se produjo un efecto dominó con México, Costa Rica y Venezuela. Esa película ha empezado a rodarse de nuevo mientras el poder se aferra a su búnker en El Carmen.

    Almagro fue más allá: llamó a actuar en otros países, sin esperar exclusivamente a Washington, que de hecho ya tomó la delantera al retirar a su representante.

    Su planteamiento es preciso: los informes internacionales del Grupo de Expertos de la ONU, de la CIDH y de la propia OEA deben servir de fundamento para acciones judiciales contra los responsables de la represión.

    Esta exigencia coincide con el clamor de víctimas y familiares que viven el desamparo mientras esperan justicia. Nicaragua necesita recuperar libertades, pero también esclarecer crímenes y establecer responsabilidades. Las denuncias no pueden quedar archivadas entre declaraciones diplomáticas y expresiones de solidaridad.

    Ya existe un antecedente. El 30 de diciembre de 2024, el juez federal argentino Ariel Lijo dispuso la citación a indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Ortega, Murillo y otros integrantes de su entorno, en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal. Ese proceso demuestra que la justicia puede avanzar fuera de Nicaragua.

    El llamado de Almagro apunta a ampliar esa vía. Una acusación penal no equivale a una condena, pero sí representa un paso hacia la rendición de cuentas que el sistema judicial subordinado al régimen no garantiza. Los informes y testimonios deben ser examinados por autoridades competentes para determinar responsabilidades individuales.

    Conozco el compromiso de Almagro con esta causa. En sus dos períodos al frente de la OEA siempre abrió espacio a las comitivas del exilio nicaragüense, venezolano, cubano y colombiano que viajamos de Miami a Washington. Ese gesto con el exilio merece reconocimiento.

    Precisamente por la gravedad de este horizonte judicial, Ortega debería comprender que prolongar la represión agrava una crisis insostenible. Lo sensato sería abrir las puertas al diálogo político reclamado por diversos sectores, con acompañamiento internacional, para permitir una transición electoral con garantías.

    No será fácil. En 1990 aceptó elecciones competitivas convencido de que las ganaría y las perdió. Hoy, abrirse a una contienda auténtica implicaría asumir otra derrota. Sin embargo, una salida democrática resultaría menos traumática para su entorno y para el país que la prolongación de la crisis.

    La reciente reunión de cancilleres de la OEA ofrece un cauce diplomático. También el Vaticano ha expresado preocupación y ha reclamado diálogo. Ese esfuerzo debe conducir a resultados verificables. Facilitar ese camino no borra las denuncias ni sustituye a los tribunales, pero permitiría encauzar una transición y reducir el riesgo de un estallido social que agrave la frágil estabilidad nacional.

    El mensaje de Almagro es claro: reclama acciones penales por los abusos, pero desde esa exigencia replantea un puente político para que cese la represión y se abra una transición auténtica. Justicia para las víctimas y libertad para el pueblo son deberes que deben avanzar juntos.